Resurge amenaza al ecosistema marino de BCS: empresa busca reactivar mina submarina de fosfato

Conflicto Minero Don Diego

Pese a rechazo ambiental y oposición social, el proyecto "Don Diego" intenta volver con respaldo de fallo internacional y nueva inversión privada.

La empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration insiste en llevar a cabo la extracción de fosfato del fondo marino en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, a través del polémico proyecto Don Diego, rechazado en múltiples ocasiones por sus riesgos ecológicos.

Activistas, académicos y organizaciones ambientalistas han reiterado su rechazo ante la posible reactivación del proyecto, luego de que un tribunal internacional ordenara al Estado mexicano indemnizar con 37.1 millones de dólares a la empresa por negarle los permisos ambientales. El fallo abrió la puerta a nuevos intentos de operación.

Impulsado por la filial Exploraciones Oceánicas, Don Diego fue rechazado por la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) debido a la falta de estudios científicos que acreditaran su viabilidad, así como los altos riesgos para especies protegidas como la tortuga caguama y la ballena gris. El Golfo de Ulloa, además, aporta el 42% de la producción pesquera estatal.

Tribunal falló a favor de la empresa, pese a advertencias ambientales

En septiembre de 2024, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) determinó que México actuó de forma discriminatoria al negar los permisos, lo que derivó en la indemnización.

El gobierno mexicano defendió su postura con base en argumentos técnicos y ecológicos: “El dragado marino tendría efectos severos e irreversibles sobre la biodiversidad y las comunidades pesqueras”, advierte un posicionamiento firmado por más de 15 organizaciones, entre ellas el CEMDA y el Centro para la Diversidad Biológica.

Proyecto Don Diego

El proyecto sigue vivo: esperan nuevo fallo y suman inversionistas

Odyssey espera ahora la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para recuperar la autorización de impacto ambiental. De obtenerla, el proyecto podría reactivarse, reabriendo un conflicto entre intereses económicos y la protección del ecosistema marino.

En paralelo, en diciembre de 2024, la empresa anunció una alianza con Capital Latinoamericano S.A. de C.V., vinculada al empresario Juan Cortina Gallardo, para desarrollar un proyecto de fertilizantes en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), con una inversión inicial de 25 millones de dólares.

Minería submarina: prohibida, pero en marcha

Durante el foro “Ciudades + Humanas” realizado en la UABCS, la investigadora Violeta Núñez, experta en minería y políticas extractivas, advirtió que el proyecto continúa vivo, pese a que la Ley de Minería prohíbe estas actividades en zonas con riesgo a la biodiversidad.

“Aunque la ley está de nuestro lado, no podemos confiarnos. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos y académicos detenerlo”, expresó.

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto contempla extraer hasta siete millones de toneladas de arena fosfática al año durante cinco décadas, mediante dragado, lo que generaría sedimentos que bloquean la luz solar, afectan la fotosíntesis marina y alteran cadenas alimenticias enteras.

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) ha sumado su voz al rechazo, subrayando que se trata de un proyecto sin precedentes a nivel mundial, cuyas consecuencias podrían ser irreversibles. Casos como los de Namibia y Nueva Zelanda —donde se detuvieron proyectos similares— refuerzan los temores.